Sánchez miente: promete 50.000 viviendas en alquiler, pero 15.000 ni siquiera están construidas

Pedro Sánchez está en plena campaña electoral y no para de hacer promesas, que no va a cumplir. La semana pasada anunció que movilizará 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler social y asequible. Sin embargo, en esta promesa hay gato encerrado, puesto que de éstas, unas 21.000 unidades se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan comprarlas y después alquilarlas. Desde la sociedad explican a OKDIARIO que tienen «9.000 viviendas ya terminadas y listas para entrar a vivir, y a ellas, se van a sumar otras 11.900 que están pendientes de adecuación».

Otras 15.000 viviendas aún no están construidas, sino que se podrán desarrollar en suelos del banco malo a través de colaboración público-privada y una vez construidas se destinarán a alquiler asequible. En este sentido, la Sareb tiene identificados 112 suelos para levantar 10.000 viviendas por fases, pero aún «es un proyecto en fase de estudio con PWC». A estos terrenos se podrían sumar otros para levantar otras 5.000 unidades.

De las 50.000 viviendas prometidas por Sánchez, las 14.000 unidades restantes ya están habitadas. En este momento, «hay 9.000 con indicios de vulnerabilidad en estudio para firmar un alquiler social», explica el banco malo.

Actualmente, la Sareb dispone de algo más de 133.300 inmuebles, que por tipología se distribuyen en: más de 46.500 viviendas, unas 14.200 obras en curso, 24.600 suelos, casi 34.800 trasteros y garajes y casi 13.200 inmuebles de uso terciario -locales comerciales y oficinas-. Del total de viviendas, sólo un 15,2% se encuentra en capitales de provincia (7.087 unidades), que es donde más han subido los precios y hay mayor dificultad para acceder a una vivienda en alquiler. Así, el sector inmobiliario considera que esta movilización «no va a solucionar el problema de vivienda social que hay en España».

Atendiendo a las regiones, Cataluña es en la que se localizan la mayoría de las viviendas del banco malo (13.500). Le siguen la Comunidad Valenciana, con cerca de 8.900; y Andalucía, con 4.500. Mientras que la sociedad presidida por Javier Torres sólo cuenta con 2.700 unidades residenciales en la Comunidad de Madrid. Por el contrario, País Vasco y Navarra son las regiones con menos viviendas de la Sareb, 53 y 43, respectivamente.

La Sareb

La Sareb fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades financieras que fueron rescatadas tras la crisis financiera de 2008. Esta sociedad nació con el objetivo de disolverse en 2027, pero ya ha advertido que le será imposible cancelar toda su deuda en ese tiempo.

Desde abril del año pasado, el banco malo está participado mayoritariamente por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En 2022, la sociedad canceló 3.184 millones de euros de deuda avalada por el Estado. Así, ésta se sitúa en 30.481 millones de euros. En sus 10 años de vida, la Sareb ha reducido la deuda con aval del Estado en 20.301 millones de euros, el 40% del total.

Ley de Vivienda

Además de esta movilización, la semana pasada el Gobierno cerró un acuerdo con EH Bildu y ERC para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, que intervendrá y controlará el mercado del alquiler topando la subida de los precios.

La normativa limitará la subida del precio del alquiler un 2% durante 2023 (medida en vigor desde abril del año pasado); mientras que en 2024 el tope a la subida será del 3%, independientemente del tamaño del tenedor. Y a partir de 2025, se aplicará un nuevo índice, que tiene que crear el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otra de las claves de la Ley de Vivienda es que rebaja la definición de gran tenedor de 10 a cinco inmuebles. De esta forma, los propietarios que tengan cinco o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y, por tanto, se les aplicarán unas medidas específicas.

Esta nueva ley ha sido duramente criticada por el sector inmobiliario, que considera que provocará la subida de los precios del alquiler, una importante caída de la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento y una menor inversión por la incertidumbre que se está generando.